jueves, 5 de marzo de 2015

Denuncian ajusticiamientos y corrupción en la Policía de Mariara

Ocho asesinato semanales ocurren en Diego Ibarra. Foto: Manaure QuinteroOcho asesinato semanales ocurren en Diego Ibarra. Foto: Manaure QuinteroContrapunto
Miembros del cuerpo policial del municipio Diego Ibarra, en Carabobo, están señalados por el asesinato de un adolescente. Los funcionarios se defienden, pero admiten que hay corrupción en la institución 
Lorena Meléndez G / Mariara- La carretera nacional Mariara - Maracay se llena, a ratos, de una polvareda amarillenta que se mezcla con el aire cargado de vapor. Los cauchos se cubren de arenilla, el calor recala en el cuerpo en forma de pesadumbre y la vista, a través del parabrisas, es borrosa, difusa, tanto como las pistas sobre los casos policiales abiertos en este territorio, que se ha vuelto inseguro y temido para locales y foráneos.
En Mariara, el toque de queda comienza pasadas las 6:00 pm, según varios de sus habitantes. A esa hora es mejor recogerse. Dentro de poco no habrá patrullas merodeando las calles principales. La Policía Municipal de Diego Ibarra culmina sus recorridos a las 7:00 pm y sólo queda activo un vehículo de la Policía Nacional Bolivariana que –dicen los vecinos– casi ni se ve.
Ocho homicidios semanales, seis robos de vehículos diarios, delincuentes que pocas veces pasan los 18 años de edad. Las cifras son las de un municipio que tiene poco más de 120.000 habitantes y denuncias tan escandalosas como la de unos oficiales de policía que asesinaron a Yender Graterol (16) el pasado viernes luego de detenerlo en un parque e intentar cobrar una vacuna de 100.000 bolívares para liberarlo a él y a otros dos compañeros: Óscar González (15) y Johan Chirinos (25). Al no conseguir el dinero pedido, supuestamente decidieron ajusticiarlos.
Con la reputación en el piso
Darwin Villarroel (35) murió con cuatro balazos en el cuerpo, pero la patrulla donde iba muestra sus vidrios rotos y las marcas de al menos 60 impactos distribuidos por los cuatro lados del vehículo. Él, un funcionario de la Policía Municipal de Diego Ibarra, enCarabobo, cubría su guardia nocturna cuando le comunicaron, a las 4:30 am del pasado 15 de noviembre, que varios vehículos merodeaban el barrio La Toma de Mariara de manera sospechosa. 
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Al llegar al lugar que le habían asignado, lo emboscaron cuatro hombres a bordo de un sedán. Eran miembros, presuntamente, de la banda "Los sacos amarillos" y contra él accionaron sus pistolas y fusiles R15. Estaba a pocas cuadras del comando central de su cuerpo de seguridad.
El caso de Darwin sale a relucir cada vez que se menciona a su hermano mayor, Orlando Villarroel, quien también es policía y hoy está señalado por el asesinato deGraterol ocurrido el pasado 20 de febrero en el sector Covenal de Mariara, hecho en el que además resultaron heridos de bala González y Chirinos.
Las víctimas indican que el uniformado los detuvo, pidió dinero por su rescate y, al no recibir respuesta, los ajustició en compañía de otros tres policías. Vecinos de Mariara aseveran que Villarroel "se puso peor" tras la muerte de su hermano e insisten en que ha cometido constantes atropellos en contra jóvenes que no son delincuentes.
"Yo soy policía porque soy un guerrero en la calle, pero con todo esto, mi nombre lo tiraron al suelo", recalca Villarroel, quien se defiende de las acusaciones y afirma que el día del suceso ni siquiera estaba de servicio. Dice que anduvo con su esposa en la búsqueda de un repuesto para su carro y luego se dirigió a un centro comercial local en donde estuvo de compras.
"No sé por qué me metieron a mí en esto (...) Ese muchacho no me conoce, nunca me ha visto, yo tampoco lo he visto a él"', sostiene y desmiente que alguna vez haya pretendido cobrar una vacuna, una práctica que atribuye a las bandas que combate.
En las palabras del funcionario se percibe un tono de descontento. A los pocos minutos de conversación admite que desde hace tiempo tiene diferencias con el jefe de la policía municipal, Ender Ruiz. "Él lo que quiere es sacarme de aquí, así como sacó a mi hermano", añade el oficial.
Para Villarroel, Ruiz llegó al cargo por sólo estar dentro de las filas del Movimiento Revolucionario Tupamaro, del cual es vocero del área de Medios de Comunicación en Carabobo. A él, Contrapunto intentó contactarlo de forma reiterada, pero no fue posible obtener su versión.
Seguridad corrompida
En el caso de los jóvenes baleados –inédito en la zona– también están implicados los oficiales Víctor NarváezCruz Cebilla y Hermes Castillo, todos miembros de la Dirección de Investigación y Estrategia Preventiva de la PM de Diego Ibarra, la única división que, según ellos, ha abierto procedimientos en contra de la deliincuencia que impera en toda la jurisdicción.
"Nosotros estamos dispuestos a todas las averiguaciones", afirma Narváez, quien asegura que sus nombres fueron vendidos para que se les inculpara por el suceso. Indica, además, que una de las víctimas tenía un registro policial abierto en Guanare.
Los funcionarios critican que dentro del cuerpo de seguridad donde trabajan haya miembros que se encargan de pasar información sobre los policías a los integrantes de las bandas más peligrosas de Mariara.
"Mi cabeza vale 500 millones", informa Narváez. Tanto él como los otros tres implicados dicen estar bajo la amenaza constante de quienes delinquen, sin tener medios, equipamientos, ni armas suficientes para poder defenderse. Castillo, mientras, muestra las heridas que le han dejado los 14 balazos que ha recibido en operativos.
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Villarroel se une a los comentarios sobre corrupción. Para él, la salida a la situación es la intervención del cuerpo policial, la misma que el alcalde de Diego Ibarra, Rafael Ruiz, pidió hace un mes al Ejecutivo Nacional.
Maltratador de menores
Cuando se acude a voces ajenas al caso de los adolescentes presuntamente tiroteados por policías, los señalamientos sobre los funcionarios continúan. Los vecinos apuntan que los atropellos son constantes: allanamientos sin órdenes, maltratos, vacunas y robos de pertenencias son supuestamente perpetrados por quienes deben resguardar el cumplimiento de la ley.
"Ese Villarrorel es una sarna". "Hubo un policía que le quitó una moto al hijo del compadre mío y le dijo que no se le ocurriera denunciar". "Sólo se llevan a los tontos y no a los verdaderos malandros". "Ese Villarroel es un maltratador de menores". "Es que el gobierno es corrupto, la policía también". Las citas son de habitantes de los barrios Los Chaguaramos, La Toma y la Ciudadela José Antonio Anzoátegui y Las Brisas que sienten que la inseguridad los ha cercado desde hace, al menos, cinco años
Una trabajadora social de Aguas Calientes, la parroquia donde residen las víctimas de los balazos, dice sentirse indignada por la actuación de los cuerpos policiales del municipio. "A los muchachos, cuando no los siembran, los matan. ¿Por qué no los detienen? Ellos tienen sus derechos", apunta.
La mujer dice que los jóvenes de las barriadas de Mariara están rodeados de delincuencia. "Allí hay pobreza, hay drogas, hay delincuencia, las madres crían solas a sus hijos. No es difícil que los muchachos sigan por un mal camino", agrega. Aclara, sin embargo, que las víctimas de los presuntos funcionarios, "no eran unos santos, pero tampoco eran unos delincuentes. Yo vi cuando se los llevaron". Las investigaciones están en manos del Centro de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
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Fotos: Manaure Quintero

Fuente: Contrapunto.com

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